(2 de abril de 2018 – La Fortaleza, San Juan) El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares cursó hoy una carta a Rob Bishop (R-Utah) en la que exhorta al congresista a adoptar un enfoque equilibrado que refleje a todas las partes interesadas en Puerto Rico y no solo las preocupaciones de los tenedores de bonos.
La misiva enviada al también presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos –organismo que atiende los asuntos de Puerto Rico y los territorios en el Congreso– surge en respuesta a una carta que el congresista cursó la semana pasada a la Junta de Supervisión Fiscal.

“Mi Administración ha hecho acercamientos tanto a los acreedores como a la Junta (de Supervisión Fiscal) para tratar de lograr la mayor cantidad de resoluciones consensuales posibles a lo largo de este proceso y continuará haciéndolo. Pero las campañas grandilocuentes y unilaterales para escribir cartas no tienen cabida a la hora de garantizar los éxitos futuros del Pueblo de Puerto Rico”, destacó Rosselló Nevares en su carta.
El gobernador repasó las disposiciones de la Ley federal PROMESA y las determinaciones del Tribunal federal en las que se establece de manera clara que la Junta de Supervisión Fiscal no puede usurpar los poderes del Gobierno electo por el Pueblo de Puerto Rico.

“Estoy profundamente consternado de que su carta (que insensiblemente tilda al Pueblo de Puerto Rico como ciudadanos de segunda clase) exprese su principal preocupación con respecto a la ‘falta de compromiso con los acreedores’ por parte de la Junta de Supervisión, en lugar de expresar su apoyo a Puerto Rico y su gente (a quienes se refiere como sus “hermanos estadounidenses”). Al exigir que la Junta usurpe la función del Gobierno electo de Puerto Rico, su carta muestra total indiferencia por la Constitución de Puerto Rico, sus leyes y la voluntad de los 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses que viven allí”, reza la carta del gobernador de Puerto Rico. El gobernador advirtió además que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal tiene de frente dos caminos: apoyar el espíritu de la Ley federal PROMESA que “ha resultado en un progreso significativo, que incluye la aprobación y certificación de los planes y presupuestos fiscales para el Gobierno de Puerto Rico y sus agencias instrumentales” o “un comportamiento obstruccionista que socavaría la autoridad y la legitimidad del Gobierno debidamente electo”.

“La exclusión del Gobierno electo solo resultará en caos y confusión, lo cual los bonistas buscarán capitalizar para minimizar aún más el fundamento legal del proceso de reestructuración. De hecho, como se señala a continuación, los bonistas actualmente están siguiendo esta estrategia al desafiar los fundamentos constitucionales de PROMESA. Si son exitosos, pondrá en peligro meses de progreso, paralizando la capacidad del Gobierno y de la Junta de Supervisión de reestructurar las deudas de Puerto Rico”, advirtió el gobernador.
“Puedo asegurarle que el Pueblo de Puerto Rico, y aquellos ciudadanos con lazos cercanos a la Isla que residen en los Estados Unidos continentales – dejando atrás a sus amigos y familiares– están observando estos eventos de cerca. Si el Comité, dirigido por usted, señor presidente, persiste en este ruinoso camino, el Pueblo de Puerto Rico y sus hermanos y hermanas en el continente sabrán a quién responsabilizar”, agregó Rosselló Nevares en la carta enviada al congresista Bishop.

Además, en la misiva, el primer ejecutivo lamenta que el congresista Bishop utilice el mismo argumento que los acreedores han presentado en la corte pidiendo que la Junta de Supervisión Fiscal determine cuáles son los servicios públicos esenciales.
“En marcado contraste con lo que el Gobierno electo de Puerto Rico y la Junta acuerdan que deberían ser los componentes clave de un Plan Fiscal viable, su carta sugiere que un ‘buen comienzo’ sería que la Junta determine qué constituyen los ‘servicios públicos esenciales’ repetidamente haciendo eco de lo que los acreedores de Puerto Rico han argumentado sin éxito en los procedimientos del Título III”, destacó el primer ejecutivo en su carta de 11 páginas. Al mismo tiempo, Rosselló Nevares rechazó las alegaciones del congresista Bishop sobre dilaciones en la entrega del Plan Fiscal y la sobrefacturación de asesores en el proceso de Título III.

“Rechazo enfáticamente las alegaciones de su carta que afirman que mi Administración no ha estado trabajando estrechamente para cumplir los mandatos de PROMESA. Aunque la situación que enfrenta Puerto Rico no tiene precedentes, nos esforzamos sin descanso por desarrollar e implementar estrategias creativas para garantizar que la gente de Puerto Rico pueda lograr un futuro brillante y próspero”, aseguró el mandatario.
“Lamentablemente, su carta incluye todo lo que está mal en este proceso y solo sirve para reforzar el tratamiento despectivo, de segunda clase y colonial que Puerto Rico ha sufrido a lo largo de su historia como territorio de los Estados Unidos, lo que socava nuestros esfuerzos para abordar el tema de la crisis fiscal, económica y humanitaria de la Isla. Desde el punto de vista del Gobierno, creemos que se requiere un acercamiento justo y equilibrado hacia todas las partes interesadas de Puerto Rico. Por el contrario, su carta envía un mensaje que parece favorecer de manera injusta y desproporcionada el trato de los bonistas de los Estados Unidos continentales sobre el bienestar de los 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico”, agregó el gobernador en la misiva.

Sobre el gasto de abogados, el primer ejecutivo recordó que muchos de los acreedores han decidido demandar a entidades gubernamentales y funcionarios del Gobierno –incluyendo al propio primer ejecutivo–que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene autoridad legal para representar.
Asimismo, el gobernador recordó cómo el Congreso no ha tomado acción sobre las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico, establecido por la Ley federal PROMESA que recomendó numerosos pasos para que el Congreso ayude a la economía de Puerto Rico para estabilizarse y crecer.

“Estas recomendaciones incluyen atención de salud, política tributaria y reformas que se necesitan con urgencia para abordar los déficits estructurales de Puerto Rico y colocar a Puerto Rico en pie de igualdad con los Estados Unidos continentales. El Congreso no ha tomado medidas significativas sobre ninguna de las recomendaciones del Grupo de Trabajo”, sostuvo.

Rosselló Nevares concluyó estableciendo que su Administración está dispuesta a continuar el diálogo con los tenedores de bonos para negociar una reestructuración justa de la deuda, pero dejó claro que “no seremos sometidos por falsas acusaciones e insinuaciones de que el Gobierno no actuó de buena fe o de manera transparente”.