( 1 de abril de 2018 –La Fortaleza, San Juan) El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, adelantó hoy que entregará un nuevo Plan Fiscal revisado a la Junta de Supervisión Fiscal el próximo jueves que excluirá el despido de empleado públicos, una reforma laboral y un recorte a las pensiones.

En una carta dirigida a la Junta de Supervisión Fiscal, Rosselló Nevares enfatizó que, aunque la Ley federal PROMESA faculta a este organismo a certificar o no el Plan Fiscal, el mismo estatuto establece que la Junta no puede usurpar los poderes legislativos y operacionales del Gobierno de Puerto Rico.

“El Gobierno no permitirá la toma de estos poderes, y por lo tanto no implementaremos muchas de las revisiones sugeridas”, sentenció el gobernador en la misiva. Rosselló Nevares sostuvo que hay un compromiso de incrementar la participación laboral, pero rechazó la eliminación del Bono de Navidad y los días de vacaciones y enfermedad por ley porque la Junta de Supervisión Fiscal insiste en eliminarlos sin dar paso a una compensación laboral como el aumento al salario mínimo y entrenamiento a la fuerza laboral.

Por esta razón, el primer ejecutivo adelantó que en el Plan Fiscal revisado que entregará el Gobierno no contendrá una propuesta de reforma laboral y solo incluirá el establecimiento de un crédito al trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) y el requerimiento de trabajo para ser participante del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

“La Junta continúa insistiendo en una reducción promedio del 10% de los beneficios de pensión en todos los sistemas de jubilación del Gobierno. Sin embargo, cualquier cambio en los beneficios de pensión requiere una acción legislativa. El Gobierno se opone a estas medidas adicionales de reducción de las pensiones porque imponen una carga desproporcionada a los trabajadores y jubilados de Puerto Rico”, sostuvo el primer ejecutivo en la misiva enviada hoy.

Al mismo tiempo, en la carta, el gobernador enumera varias de las propuestas de la Junta que no cuentan con su respaldo y que además requerirían acción legislativa como la revisión de la denominada “crudita”, el cambio de la política fiscal para exigir que todos los ingresos el Estado fluyan a través del Fondo General en lugar de los Fondos de Ingresos Especiales.

“La Junta no puede obligar a la Asamblea Legislativa a hacer tal cambio en la política tributaria. Bajo la Constitución de Puerto Rico, esa política está únicamente dentro del poder de la Legislatura”, destacó el primer mandatario.

Asimismo, el primer ejecutivo rechazo propuestas que interfieren con las facultades operacionales del Gobierno como: la limitación del uso de vehículos basado en los números de licencia debido a que esto pone en peligro la movilidad de la ciudadanía a sus lugares de trabajo.
Al mismo tiempo insistió en que desarrollará la regionalización, los condados y la movilización voluntaria de reos a instituciones en otras jurisdicciones de Estado Unidos, debido a que estas propuestas producirán ahorros significativos en la operación diaria del Gobierno. “El Gobierno de Puerto Rico cree firmemente que las revisiones sugeridas (por la Junta) deprimirían significativamente el crecimiento macroeconómico, que es una piedra angular importante del Plan Fiscal”, agregó el mandatario en la carta de siete páginas.

Aunque hay algunas áreas de coincidencias en las discusiones con la Junta de Supervisión Fiscal, Rosselló Nevares sentenció que “como gobernador, no permitiré que la Junta busque ejercer poderes que no posee”.

“En caso de que la Junta decida certificar un Plan Fiscal que muestre un exceso de sus facultades, sepa que el Gobierno electo por el Pueblo ejercerá su discreción al implementar aquellas medidas que considere apropiadas y en el bienestar público. Sugerimos que la Junta se abstenga de tomar medidas que causen detrimento a las tareas que la Junta recibió el mandato de ejecutar”, concluyó el gobernador en la misiva.